Este 8 de marzo las mujeres de todo el mundo celebramos nuestras luchas y los avances alcanzados en el reconocimiento de nuestros derechos.
Las nicaragüenses al igual que las mujeres de otros lugares del mundo hemos tenido que trabajar muy duro para que la sociedad y el Estado reconozcan las injusticias que a lo largo de la historia se han cometido en contra de las mujeres.
El derecho al voto, el acceso a los anticonceptivos, el acceso a la educación pública y gratuita, el derecho a la tierra, la participación en cargos de elección popular, todas son conquistas -si bien desiguales e inestables-, que las mujeres le hemos arrancado a los poderes patriarcales.
La historia de Doña Josefa Toledo, la primera feminista nicaragüense, da cuenta de los costos que hemos tenido que pagar las mujeres que en el pasado y en la actualidad nos hemos atrevido a desafiar los mandatos opresivos que se oponen a nuestras legítimas aspiraciones.
El movimiento de mujeres de Nicaragua durante más de 40 años de historia ha rescatado del anonimato las rebeldías milenarias de las mujeres, ha contribuido a generar una nueva conciencia de derechos, ha denunciado la violación a nuestros derechos y exigido cambios a favor de una verdadera igualdad entre mujeres y hombres.
Las feministas nicaragüenses celebramos este día Internacional de las Mujeres en un país que enfrenta múltiples desafíos entre los que destacan el empobrecimiento y la desarticulación de los escasos avances democráticos alcanzados en las últimas décadas.
La Asamblea Nacional controlada por la bancada sandinista acaba de aprobar un Código de familia cargado de prejuicios sexistas y que reduce al máximo la responsabilidad del Estado en la satisfacción de las necesidades básicas de miles de familias que viven en condiciones de pobreza.
En un país donde el 46% de las familias son extendidas y el 36% son monoparentales, este Código intenta imponer un modelo de familia alejado de la realidad. Tan grave como esto, es la violación a los derechos de niñas y adolescentes a quienes el Código obliga a ser madres contra su voluntad, legitimando el embarazo como consecuencia del abuso sexual.
El Código también viola derechos civiles a homosexuales, lesbianas y personas trans, al negarles su derecho a constituir familias que gocen de la protección del Estado.
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