Este informe es presentado por MAM (Movimiento Autónomo de Mujeres), CDC (Centro de Derechos Constitucionales), MADRE y IWHR (International Women’s Human Rights Law Clinic, City University of New York School of Law). El informe aborda la reciente revocación de la excepción de larga data la cual bajo la ley Nicaragüense permite abortos por razones terapéuticas y en casos de violación e incesto, y la legislación subsecuentemente decretada que prohibió todas formas de abortos, incluyendo procedimientos médicos que resultan en daño al feto. La ley, una de las más restrictivas de este tipo, criminaliza a los médicos que proveen estos servicios necesarios y las mujeres que los buscan o, en desesperación, realizan abortos a ellas mismas. Esta ley viola las obligaciones del gobierno Nicaragüense de acuerdo a los Artículos 2 y 16 en la Convención contra la Tortura y Tratamiento o Castigo Cruel, Inhumano, o Degradante.
La criminalización de todas formas del aborto en todas circunstancias viola el derecho de mujeres Nicaragüenses a obtener el estándar más alto de tratamiento medico que sea accesible rápidamente y humanamente para complicaciones relacionadas al embarazo—incluyendo abortos clandestinos—y emergencias obstétricas. Según la Organización Mundial de la Salud, “la incidencia de abortos peligrosos son influidos por las provisiones legales gobernando acceso al aborto seguro, así como la disponibilidad y cualidad de servicios legales para el aborto.
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