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Son presas politicas por ejercer su derecho a protestar

Son presas politicas por ejercer su derecho a protesta

Hasta julio del 2018, Ana Patricia Sánchez Moraga, de 32 años, trabajaba en una empresa de Zona Franca en el área de control de calidad, aunque la mayor parte del tiempo de su carrera profesional se había desempeñado como auxiliar de contabilidad.

Es madre soltera de una niña, de nueve años y un niño, de cuatro años, a quienes ha visto con regularidad desde el pasado 12 de julio, cuando oficiales de la policía orteguista se la llevaron detenida, luego de disparar y provocar que la camioneta en la que se movilizaba, en el sector del semáforo del Hospital La Mascota, chocara y se detuviera para apresarla, junto a otras tres personas.

Ese día Patricia andaba acompañada de su hermana Yolanda del Socorro Sánchez Moraga, de 30 años, con quién minutos antes había participado en una marcha de los auto convocados y se dirigían a hacer un mandado, cuando la camioneta propiedad del señor Edwin Altamirano, les dio raid.

Condenadas en un juicio express

Horas más tardes, todos incluyendo las hermanas Sánchez Moraga, eran presentadas en televisión nacional como miembro de la banda ‘Las Argentinas’, a quienes señalaban de haber ocupado la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

Ya no regresaron a casa. Su padre, sus hermanas y sus hijos e hijas se quedaron esperándolas. Mientras un par de madres solteras pasaban la primera noche en El Chipote, centro de detención y tortura de la policía orteguista, dónde además fueron torturadas.

Dos meses después, el 18 de septiembre, el titular del Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, las condenó a seis años de prisión por los delitos de portación ilegal de armas de fuego o municiones, asociación ilícita para delinquir y fabricación o tenencia ilícita de instrumentos o materiales explosivos o radiactivos en perjuicio de la seguridad pública de la sociedad nicaragüense.

Una familia rota

Patricia y Yolanda, son dos de siete hermanas de las cuales cuatro vivían en la misma casa, junto a su padre, un señor de 70 años con diabetes e hipertensión.

Todas las noches, después de regresar de la Zona franca y del Mercado Oriental donde Yolanda era dependienta en una tienda de celulares, se reunían con sus hermanas y padre en la sala para ‘platicar y chilear’, pero también jugar con los niños y niñas.

“Todas nos sentimos con una tristeza enorme. Luego que nuestra madre partió hemos tratado de ser un poco más unidad. Se siente demasiado la ausencia en nuestras vidas. Las extrañamos. Sentimos que nos hacen falta en muchas cosas”, añora Carolina Sánchez, quien a pesar del riesgo, no se ausenta de las marchas en demanda de la libertad de los presos políticos.

Carolina reniega la decisión del juez porque 15 días antes de dictar sentencia, había ordenado la libertad de sus hermanas, sin embargo nunca se efectuó, fueron llevadas a juicio y al finalizar no solo las condenaron por el delito inicial de portación ilegal de armas de fuego sino que se le imputaron dos nuevos delitos que provocaron que la sentencia alcanzara los seis años de prisión.

“Mis hermanas y nosotros estamos claras que son presas políticas. El Ministerio Público y el Juez las condenaron siendo ellas inocentes. Condenaron a todos los que iban en la camioneta excepto a un muchacho que era cruz rojista y también había pedido raid”, cuenta.

Por ahora, los dos hijos de Patricia y la niña de 12 años de Yolanda, están a cargo de sus tías, quienes los han llevado hasta el penal La Esperanza para que puedan visitar a sus madres. El problema es el regreso pues nadie quiere separarse.

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Fecha: Nov 21, 2018